El acceso igualitario a la justicia es el atributo más importante para la democracia, pero la ciudadanía la percibe capturada por el poder político y el dinero.
Ocho hallazgos principales
La encuesta muestra una ciudadanía que prefiere la democracia con más fuerza que nunca con un 71% y sitúa el acceso igualitario a la justicia como su atributo más esencial con un 88%. Sin embargo, percibe un sistema judicial desigual (86%), lento (84%) y corrupto (91%).
1. El acceso igualitario a la justicia se consolida como el pilar esencial de la democracia. Este encabeza los atributos que las personas consideran “absolutamente esenciales” para que una sociedad sea democrática: hoy lo afirma un 88%, por sobre incluso la realización de elecciones libres e imparciales (87%).
2. Pero la justicia no es ciega: depende del dinero, los contactos y el lugar donde se vive. Un 88% está de acuerdo en que las posibilidades de acceder a la justicia dependen del dinero, los contactos y el lugar donde se vive. La convicción es transversal y es mayor entre las personas de izquierda.
3. Los políticos son percibidos como los grandes favorecidos del sistema judicial. Un 94% cree que los políticos reciben un trato favorable en la justicia, seguidos por las personas de clase alta (85%) y funcionarios públicos (62%). En el otro extremo, las personas de bajos ingresos (67%), clase media (41%) y de pueblos originarios (40%) son vistas como las más perjudicadas.
4. La percepción dominante es que la justicia empeoró, y la corrupción es su peor problema. Un 58% cree que el sistema de justicia ha empeorado en los últimos años (percepción más intensa en la derecha, con 70%, los mayores de 60 años y el nivel socioeconómico bajo). Entre sus problemas, la corrupción es el más grave: un 91% la califica como “muy grave”. Se agrega el consenso casi total (91%, sin diferencias entre segmentos) de que Gendarmería está siendo penetrada por redes delictuales al interior de las cárceles, lo que refuerza la sensación de impunidad y corrupción.
5. Más mano dura. Los encuestados piensan que las principales prioridades del gobierno para enfrentar la delincuencia son: la desarticulación de bandas criminales organizadas (54%), y el endurecimiento de penas para delincuentes reincidentes (47%). A su vez, la gran mayoría de las personas está de acuerdo con castigar con pena de cárcel los delitos económicos (94%), que la inmigración ilegal sea considerada un delito grave que debe tener penas de cárcel o expulsión (74%), rechazan el derecho del indulto presidencial (63%) y que debe reponerse la pena de muerte para delitos de máxima gravedad (61%).
6. La demanda de más mano dura, convive con una amplia base garantista. 74% defiende el principio de presunción de inocencia y 63% sostiene que, además de castigar, deben respetarse los derechos y el trato digno de quienes cometen delitos. Además, un 71% considera que es importante en el sistema penal la rehabilitación de las personas para evitar la reincidencia.
7. La edad penal divide al país, con la derecha empujando a rebajarla. El 48% cree que la edad mínima de responsabilidad penal debería rebajarse a menos de 14 años, frente a un 46% que prefiere mantenerla. La brecha política es nítida: un 68% de la derecha pide rebajarla y solo 29% de la izquierda. Mencionar que solo un 5% de los encuestados se mostró partidario de aumentar la edad mínima de responsabilidad penal.
8. El levantamiento del secreto bancario divide a izquierda y derecha. Como prioridad de seguridad para el gobierno los encuestados consideran que el levantamiento del secreto bancario es necesario para combatir el crimen organizado con un 45% del total, principalmente por las personas de izquierda (47%), mientras que solo un 4% de quienes se identifican con la derecha lo priorizan.
Puedes descargar a continuación el comunicado y la encuesta completa.
